La Agencia Internacional de la Energía (AIE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han propuesto un plan de inversión verde de tres billones de dólares -el 0,7 % del PIB mundial- para relanzar la recuperación económica.
Un Plan de Recuperación Sostenible a tres años, costeado con el gasto público y la financiación privada movilizados por las políticas gubernamentales, centrado en el sector energético y con un doble objeto: revitalizar las economías e impulsar el empleo, al tiempo que se protege el medio ambiente a través de sistemas energéticos más limpios y resilientes.
Desde que comenzó la crisis económica por la pandemia del Covid-19, la AIE ha estado liderando llamamientos a los gobiernos mundiales para que la recuperación sea lo más sostenible posible. Este plan de impacto contempla una treintena de medidas en el sector energético, que empezarían a aplicarse en 2021 hasta 2023, y abarca seis sectores clave: edificios, industria, electricidad, transporte, combustibles y tecnologías emergentes con bajas emisiones de carbono. El plan tiene en cuenta los objetivos nacionales e internacionales para el crecimiento a largo plazo, empleos a prueba de futuro y objetivos de desarrollo sostenible.
Tanto la AIE como el FMI destacan que la rehabilitación de edificios existentes y la inversión en nuevas construcciones más eficientes crearía entre 9 y 30 puestos de trabajo por cada millón de dólares invertidos en medidas de eficiencia energética en el sector de la construcción. Esto convierte al sector en una de las áreas más eficientes en la generación de empleo y con mayor capacidad de creación de puestos de trabajo.
Con la implantación de este proyecto de impacto, ambas entidades calculan la creación de nueve millones de empleos en el mundo, y reducir las emisiones anuales mundiales de gases de efecto invernadero relacionadas con la energía, en un total de 4.500 millones de toneladas al final del plan.
Asimismo, aportaría otras mejoras a la salud y el bienestar de las personas, incluida una reducción del 5 % de las emisiones contaminantes, acceso a soluciones energéticas limpias para alrededor de 420 millones de personas en países de bajos ingresos y permitir acceso a la electricidad a cerca de 270 millones de personas. Ambas instituciones internacionales pretenden con este informe especial acabar con lo que consideran un falso dilema entre creación de empleo y protección del medio ambiente.