La rehabilitación, el futuro y un buen negocio en época de crisis

Aunque el objetivo de rehabilitar energéticamente 1,2 millones de casas en la próxima década fue definido por el Gobierno antes del Covid-19, esta línea de actuación se rebela ahora como un buen negocio capaz de captar gran cantidad de fondos europeos, que aumentaría los ingresos públicos entre 1.000 y 4.000 millones de euros cada año.

La rehabilitación es una de las palancas que el sector de la construcción identifica como elemento propulsor no sólo de su actividad, sino también de la economía tras la crisis sanitaria. Solo la rehabilitación energética en el sector de la edificación podría crear entre 33.000 y 88.000 puestos de trabajo.

Las viviendas suponen oficialmente el 40 % de las emisiones contaminantes. Un porcentaje que se eleva al 56 % si se suman otros edificios, frente al 13 % que representan los automóviles, según la Plataforma de Edificación Passivhaus, que, sin ánimo de lucro, promueve desde 2008 la construcción de edificios altamente eficientes.

Su presidente, Bruno Gutiérrez, considera que cuatro de cada cinco edificios son ineficientes, lo que significa que no cuentan con los niveles adecuados de aislamiento térmico o incluso carecen de él, que tienen filtraciones de aire incontroladas que repercuten en el consumo energético y no emplean sistemas de generación eficientes.

Desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ya se ha dicho que elaborará un plan, en principio para los próximos dos años, por importe de 2.000 millones de euros, para rehabilitar 120.000 viviendas anuales.

En total, lo previsto por el Gobierno es movilizar una inversión de 27.122 millones de euros a lo largo de la década, de los que un 27 % (7.307 millones) provendrían de fondos públicos (estatales y europeos), para la rehabilitación de la envolvente térmica de 1,2 millones de viviendas y la sustitución de unas 3.845.000 instalaciones térmicas.

El futuro de la edificación: la inevitable reconversión hacia la rehabilitación

En el sector son optimistas y en la reciente cumbre de la CEOE, el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Lazcano, incidió en que destinar 2.000 millones de euros en rehabilitar 120.000 viviendas al año generaría riqueza por valor de 52.000 millones. “El sector tiene capacidad para ser motor y base de una recuperación económica duradera”, aseguró Juan Lazcano.

Eso sí, la patronal demanda bonificaciones fiscales ligadas a la calificación energética de los edificios, establecer un IVA reducido a la rehabilitación y que las ayudas y subvenciones no tributen como incremento patrimonial.

Desde el Consejo General de Economistas de España se considera que la construcción ha de ser uno de los sectores que lidere ahora la recuperación, manteniendo las inversiones en proyectos estratégicos, “especialmente los vinculados a rehabilitación de viviendas –sobre todo en cuestiones para el ahorro energético– y áreas relacionadas con la sostenibilidad, el cambio climático y la digitalización, lo que redundará en una mayor competitividad de nuestro país”.

La Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac) señala que ya en 2008 la rehabilitación tiró de la construcción. “Y de nuevo es el momento de activar políticas de rehabilitación. Es una inversión en la que la mayoría de los países de Europa nos lleva ventaja de una o dos décadas. Además es una obligación”. En estos momentos “en la rehabilitación está el gran nicho de mercado. Genera más empleo que otra actividad, requiere más habilidad, más formación, es una actividad más estable”, puntualiza Andimac.

 

Fuente: ABC, La Información, El Periódico de la energía.

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Conoce la Guía de buen gobierno para pequeñas y medianas empresas

Atención pymes: se acaba de publicar una Guía de buen gobierno para empresas pequeñas y medianas, que pretende ser un manual práctico y esquemático de fácil consulta, mediante el cual las empresas pueden determinar el grado de implantación de medidas de buen gobierno en el entorno, mediante la cumplimentación de un sencillo test con 20 preguntas.

Elaborada por la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa del Registro de Economistas Auditores del Consejo General de Economistas, y editada conjuntamente por la Cepyme y el Consejo General de Economistas (CGE), la Guía incluye 12 principios básicos y 26 recomendaciones de buen gobierno para que las pymes puedan implantar medidas que optimicen su desempeño (económico, social y medioambiental), favorezcan las relaciones con sus grupos de interés y aumenten su competitividad.

buengobierno

La Guía organiza las 26 recomendaciones a las pymes por temas tales como: “Generales”, donde se apuesta por extender el principio de transparencia a las políticas fiscales; sobre el “órgano de administración”, entre las que propone programas de formación en temas de sostenibilidad y responsabilidad social; sobre “riesgos”, donde se establece una política de control y gestión; de “Responsabilidad social corporatica (RSC)” y de “remuneración”.

Durante la presentación de la Guía el pasado 15 de febrero, el director general de Política Económica del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Rodrigo Madrazo, destacó la importancia de este manual “a la hora de abordar algunos de los problemas estructurales a los que se enfrentan este tipo de compañías, como el acceso a la financiación”.

Desde la Cepyme, su presidente, Antonio Garamendi, defendió que la aplicación de prácticas y procesos de buen gobierno “es un factor horizontal decisivo para generar valor en las empresas, mejorar su eficiencia económica y reforzar la confianza de clientes, inversores, proveedores y empleados”.

(De izda. a dcha.):Max Gosch, Rodrigo Madrazo, Antonio Garamendi, Valentín Pich y Carlos Puig de Travy

(De izda. a dcha.):Max Gosch, Rodrigo Madrazo, Antonio Garamendi, Valentín Pich y Carlos Puig de Travy (Foto CEPYME)

Por su parte, Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España, se refirió a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público -entre cuyos objetos se encuentra facilitar la participación de las pymes en la contratación pública-, que entrará en vigor el próximo 9 de marzo, y recordó que esta norma incorpora requisitos sobre buen gobierno y responsabilidad social corporativa. “La contratación pública en España supone el 20% del PIB, y si las pymes quieren concurrir a este mercado, habrán de ponerse necesariamente al día en materia de buen gobierno y RSC”, añadió.

Finalmente, según el presidente del Registro de Economistas Auditores del citado Consejo General (REA-CGE), Carlos Puig de Travy, el buen gobierno se ha convertido en un tema de “vital importancia” en las empresas, ya que “gestiona y controla la creación de valor y el uso eficiente de los recursos, fomentando la transparencia de la información”.

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