La FP, una solución eficaz frente al desempleo por la que apuesta la OCDE

Es indudable que la Formación Profesional se postula como la mejor opción frente al desempleo de nuestros jóvenes. Son cada vez más las voces, los informes y los estudios que la sitúan como la educación “más inclusiva y la que más facilita la transición desde el sistema educativa al mercado laboral”.

Su aprendizaje en el centro educativo y en el entorno laboral, proporciona múltiples ventajas: no solo en la adquisición de conocimientos teórico-prácticos, sino por su proximidad a la realidad; los futuros profesionales se adaptan a las necesidades actuales del lugar de trabajo y se familiarizan con los procedimientos específicos requeridos por las empresas.

De esta manera, el último informe publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) “Panorama de la educación. Indicadores de la OCDE 2019” considera a la FP como el camino “más efectivo para desarrollar habilidades que permitan acceder antes al mercado laboral”.

En este sentido, la FP también está llamada a terminar con el desajuste educativo: parados con muy baja cualificación que el mercado laboral no puede absorber porque los perfiles que se requieren son más elevados o de otro sector.

A pesar de todo ello, solo el 18,7 % del alumnado español de 17 años de edad elige esta formación en la segunda etapa de la Educación Secundaria, frente a la media de la OCDE, que alcanza el 31 %.

Alumnos de la Fundación Laboral.

Alumnos de la Fundación Laboral en curso de Electricidad.

Pero no hay que ser pesimistas, el alumnado matriculado en enseñanzas de FP ha subido un 19,8 % en los últimos cinco años, según la Estadística del Alumnado de Formación Profesional para el curso 2018-2019, publicada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Las familias profesionales con mayor peso en el alumnado fueron Administración y Gestión, Electricidad y Electrónica, Informática-Comunicaciones y Sanidad.

Desde el Gobierno, se ha lazado un plan estratégico de 1.500 millones de euros, en cuatro años, para que la Formación Profesional sea motor del empleo en España. Para ello, se ha apostado por un plan de modernización, basado en tres pilares: la ampliación y actualización de la oferta formativa, la incorporación de la digitalización, la innovación y el emprendimiento a estas enseñanzas, y el reconocimiento y la acreditación de competencias profesionales.

Alumnos y profesor de la Fundación Laboral de la Construcción. Curso de Electricidad.

En la actualidad, la FP oferta más de 150 ciclos formativos dentro de 26 familias profesionales. En estos momentos pretende adaptarse a las nuevas demandas del mercado. El plan estratégico incluye el diseño y actualización de titulaciones relacionadas con la industria 4.0, Big Data, la Inteligencia Artificial (IA) y la robótica. Fabricación Inteligente, Digitalización del Mantenimiento Industrial, Ciberseguridad en Entornos de Producción, Ciberseguridad en Entornos IT, Señalización o Telecomunicaciones Ferroviarias son títulos que ya se incorporarán en el curso 2020-2021.

La otra actuación planteada es la acreditación de las competencias profesionales de más de tres millones de personas, el 40 % de la población activa menor de 55 años, mediante un sistema permanente y abierto. Se trata de personas que han aprendido su oficio trabajando, pero carecen de formación o título académico y acreditando sus competencias se demuestra de manera oficial su experiencia. Estas acreditaciones ya se realizaban, pero en convocatorias puntuales; a partir de ahora se procederá a la acreditación de manera permanente.

*Descarga el último informe publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) “Panorama de la educación. Indicadores de la OCDE 2019”.

*Conoce los ciclos de FP de la Fundación Laboral en Aragón, Baleares, Cantabria, La Rioja y Navarra, una opción de futuro para los jóvenes

Fuente: OCDE, La Vanguardia.

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La rehabilitación, el futuro y un buen negocio en época de crisis

Aunque el objetivo de rehabilitar energéticamente 1,2 millones de casas en la próxima década fue definido por el Gobierno antes del Covid-19, esta línea de actuación se rebela ahora como un buen negocio capaz de captar gran cantidad de fondos europeos, que aumentaría los ingresos públicos entre 1.000 y 4.000 millones de euros cada año.

La rehabilitación es una de las palancas que el sector de la construcción identifica como elemento propulsor no sólo de su actividad, sino también de la economía tras la crisis sanitaria. Solo la rehabilitación energética en el sector de la edificación podría crear entre 33.000 y 88.000 puestos de trabajo.

Las viviendas suponen oficialmente el 40 % de las emisiones contaminantes. Un porcentaje que se eleva al 56 % si se suman otros edificios, frente al 13 % que representan los automóviles, según la Plataforma de Edificación Passivhaus, que, sin ánimo de lucro, promueve desde 2008 la construcción de edificios altamente eficientes.

Su presidente, Bruno Gutiérrez, considera que cuatro de cada cinco edificios son ineficientes, lo que significa que no cuentan con los niveles adecuados de aislamiento térmico o incluso carecen de él, que tienen filtraciones de aire incontroladas que repercuten en el consumo energético y no emplean sistemas de generación eficientes.

Desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ya se ha dicho que elaborará un plan, en principio para los próximos dos años, por importe de 2.000 millones de euros, para rehabilitar 120.000 viviendas anuales.

En total, lo previsto por el Gobierno es movilizar una inversión de 27.122 millones de euros a lo largo de la década, de los que un 27 % (7.307 millones) provendrían de fondos públicos (estatales y europeos), para la rehabilitación de la envolvente térmica de 1,2 millones de viviendas y la sustitución de unas 3.845.000 instalaciones térmicas.

El futuro de la edificación: la inevitable reconversión hacia la rehabilitación

En el sector son optimistas y en la reciente cumbre de la CEOE, el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Lazcano, incidió en que destinar 2.000 millones de euros en rehabilitar 120.000 viviendas al año generaría riqueza por valor de 52.000 millones. “El sector tiene capacidad para ser motor y base de una recuperación económica duradera”, aseguró Juan Lazcano.

Eso sí, la patronal demanda bonificaciones fiscales ligadas a la calificación energética de los edificios, establecer un IVA reducido a la rehabilitación y que las ayudas y subvenciones no tributen como incremento patrimonial.

Desde el Consejo General de Economistas de España se considera que la construcción ha de ser uno de los sectores que lidere ahora la recuperación, manteniendo las inversiones en proyectos estratégicos, “especialmente los vinculados a rehabilitación de viviendas –sobre todo en cuestiones para el ahorro energético– y áreas relacionadas con la sostenibilidad, el cambio climático y la digitalización, lo que redundará en una mayor competitividad de nuestro país”.

La Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac) señala que ya en 2008 la rehabilitación tiró de la construcción. “Y de nuevo es el momento de activar políticas de rehabilitación. Es una inversión en la que la mayoría de los países de Europa nos lleva ventaja de una o dos décadas. Además es una obligación”. En estos momentos “en la rehabilitación está el gran nicho de mercado. Genera más empleo que otra actividad, requiere más habilidad, más formación, es una actividad más estable”, puntualiza Andimac.

 

Fuente: ABC, La Información, El Periódico de la energía.

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Conoce los planes de la AIE y el FMI para revitalizar la economía y proteger el medio ambiente

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han propuesto un plan de inversión verde de tres billones de dólares -el 0,7 % del PIB mundial- para relanzar la recuperación económica.

Un Plan de Recuperación Sostenible a tres años, costeado con el gasto público y la financiación privada movilizados por las políticas gubernamentales, centrado en el sector energético y con un doble objeto: revitalizar las economías e impulsar el empleo, al tiempo que se protege el medio ambiente a través de sistemas energéticos más limpios y resilientes.

Desde que comenzó la crisis económica por la pandemia del Covid-19, la AIE ha estado liderando llamamientos a los gobiernos mundiales para que la recuperación sea lo más sostenible posible. Este plan de impacto contempla una treintena de medidas en el sector energético, que empezarían a aplicarse en 2021 hasta 2023, y abarca seis sectores clave: edificios, industria, electricidad, transporte, combustibles y tecnologías emergentes con bajas emisiones de carbono. El plan tiene en cuenta los objetivos nacionales e internacionales para el crecimiento a largo plazo, empleos a prueba de futuro y objetivos de desarrollo sostenible.

Tanto la AIE como el FMI destacan que la rehabilitación de edificios existentes y la inversión en nuevas construcciones más eficientes crearía entre 9 y 30 puestos de trabajo por cada millón de dólares invertidos en medidas de eficiencia energética en el sector de la construcción. Esto convierte al sector en una de las áreas más eficientes en la generación de empleo y con mayor capacidad de creación de puestos de trabajo.

Eficiencia energética

Eficiencia energética.

Con la implantación de este proyecto de impacto, ambas entidades calculan la creación de nueve millones de empleos en el mundo, y reducir las emisiones anuales mundiales de gases de efecto invernadero relacionadas con la energía, en un total de 4.500 millones de toneladas al final del plan.

Asimismo, aportaría otras mejoras a la salud y el bienestar de las personas, incluida una reducción del 5 % de las emisiones contaminantes, acceso a soluciones energéticas limpias para alrededor de 420 millones de personas en países de bajos ingresos y permitir acceso a la electricidad a cerca de 270 millones de personas. Ambas instituciones internacionales pretenden con este informe especial acabar con lo que consideran un falso dilema entre creación de empleo y protección del medio ambiente.

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